El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo quedará paralizado hasta finales del año 2024. Así lo ha decidido el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que ha suspendido temporalmente la adopción de este documento. La Confederación Salud Mental España y el CERMI celebran esta decisión, ya que han denunciado en numerosas ocasiones que el protocolo vulnera los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial.

 

Para Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, esta “es una buena noticia, aunque no cumple con nuestras expectativas, que pasan por la paralización definitiva de este documento que vulnera varios artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El Comité de Bioética debe orientar sus esfuerzos a promover la creación de una red de apoyos en el ámbito comunitario, basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, y en su consentimiento libre e informado”. 

 

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI, afirma que “la sociedad civil española y europea ha conseguido detener la perpetración de una agresión incalificable a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, por quien como el Consejo de Europa fue creado para protegerlos. La amenaza inmediata se ha contenido, pero el peligro latente está ahí, hemos ganado tiempo, pero no seguridad de que tamaña lesión a los derechos humanos no cobre nuevos bríos y vuelva más adelante. La denuncia y la presión siguen siendo necesarias, hasta que se deseche por completo este proyecto tan desacertado”.

 

El documento confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.

 

Entre las decisiones tomadas recientemente por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, se encuentra proporcionar nuevas instrucciones al Comité Directivo de Derechos Humanos en los campos de la Biomedicina y la Salud para que complete antes del 31 de diciembre de 2024 un proyecto de recomendación que promueva el uso de medidas voluntarias en los servicios de atención de salud mental y un informe sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de salud mental.

 

Además, se prevé la participación de organizaciones de personas con discapacidad y otras partes interesadas relevantes en las futuras discusiones, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, como observadores en las reuniones, Rehabilitation International, el EDF y la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (Easpd).

 

El proyecto se transmitirá para dictamen a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), previo examen de la recomendación y el informe indicados anteriormente.

 

Por último, se preparará una declaración del Comité de Ministros que afirme el compromiso del Consejo de Europa con el objetivo de mejorar la protección y la autonomía de las personas en los servicios de atención de salud mental.

 

Desde Salud Mental España y CERMI, afirman que, “aunque estas decisiones no constituyen la retirada total del proyecto de Protocolo Adicional, dan instrucciones claras para detener el proceso actual y seguir trabajando para respetar la autonomía de la persona. Asimismo, celebramos el hecho de que el Comité de Ministros reconozca la importancia de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil”. Las entidades señalan además que seguirán de cerca el trabajo del Comité de Ministros para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad psicosocial se salvaguarden en toda Europa, confiando en que el resultado final será la retirada de cualquier propuesta que contradiga la CDPD de la ONU.

 

Desde hace varios años, tanto Salud Mental España como CERMI se han manifestado en numerosas ocasiones de forma pública contra el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo. En este sentido, en mayo del pasado año, ambas entidades instaron al Gobierno de España a que se opusiese a este texto, con el objetivo de proteger los derechos de las personas con trastorno mental. Salud Mental España intervino además el pasado año en el Congreso de los Diputados y en el Senado, reivindicando en ambas ocasiones al Gobierno un posicionamiento contrario al proyecto.

 

 

La Confederación Salud Mental España es una entidad sin ánimo de lucro, de interés social y de utilidad pública que surgió en 1983. Integra a 18 entidades socias numerarias, que aúnan a más de 300 entidades y cuenta con más de 47.000 socios y socias en todo el territorio nacional.

 

Para cualquier persona que lo necesite, la Confederación Salud Mental España ofrece un servicio de información y asesoramiento gratuito sobre salud mental a través del email informacion@consaludmental.org, la web www.consaludmental.org   y de los teléfonos 91 507 92 48 y 672 370 187.

 

 

El CERMI es la expresión del movimiento social de la discapacidad para la incidencia, la representación y la interlocución políticas. Su misión, establecida y asumida por sus entidades miembro, consiste en articular y vertebrar el movimiento social de la discapacidad para, desde la cohesión y la unidad del sector y respetando siempre el pluralismo inherente a un segmento social tan diverso, desarrollar una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, tanto colectiva como individualmente. 

 

El CERMI traslada ante los poderes públicos, los distintos agentes y operadores y la sociedad, mediante propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente, las necesidades y demandas del grupo de población de la discapacidad, asumiendo y encauzando su representación, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector para promover la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos españoles con discapacidad y de sus familias.